El año 2026 marca un punto de inflexión en el desarrollo regulatorio y tecnológico del sector de telecomunicaciones en Chile. Varios cambios legislativos, políticas públicas y objetivos estratégicos convergirán para transformar el panorama digital nacional, con implicaciones que van desde la infraestructura hasta la protección de datos y la calidad de los servicios. Este cambio ocurre en un contexto donde Chile se posiciona como pionero regulatorio en Latinoamérica, pero también enfrenta desafíos estructurales que 2026 buscará resolver.
Conectividad universal: el hito de Hogares Digitales
Quizás el cambio más simbólico y transformador de 2026 es que todas las comunas de Chile continental tendrán acceso a fibra óptica por primera vez en la historia del país. El proyecto “Hogares Digitales” de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ha priorizado la conectión de las últimas localidades aisladas, específicamente Villa O’Higgins y Lago Verde en la Patagonia, que históricamente han carecido de servicios de fibra óptica.
Este objetivo simbólico representa la culminación de una estrategia multianual de Subtel que comenzó con la Ley de Internet como Servicio Público, promulgada en julio de 2024. Con esta infraestructura desplegada, Chile se posiciona como el país de la región con la cobertura de fibra óptica más universalizada, reflejando una de las apuestas políticas más consistentes del gobierno Boric en materia de equidad territorial.
Paralelamente, en octubre de 2025, se concretó una alianza inédita entre el Estado de Chile (a través de Desarrollo País) y Google para crear Humboldt Connect, una empresa de propiedad conjunta responsable de activar y comercializar la capacidad de un cable submarino de fibra óptica que conectará Sudamérica directamente con Oceanía, cubriendo más de 14.000 kilómetros. El despliegue se proyecta para 2025-2026, posicionando a Chile como nexo digital entre regiones y atrayendo una inversión de importancia estratégica global.
La Ley Chao Cables entra en régimen: limpieza de la “basura aérea”
Después de seis años de tramitación legislativa, la Ley 21.172 “Chao Cables” entró en vigencia el 21 de septiembre de 2025. Sin embargo, su implementación efectiva comenzará en enero de 2026, cuando los gobiernos regionales y municipales inicien formalmente la ejecución de planes de retiro de cableado obsoleto.
La normativa obliga a empresas de telecomunicaciones a presentar planes detallados para identificar, organizar y retirar cables en desuso, estableciendo que “debe hacerse cargo de 140 años de historia de la telefonía en Chile”, según el subsecretario Claudio Araya. A partir de enero de 2026, se espera que trabajos con prioridad comiencen en 80 municipios, con énfasis inicial en el sector sur de Santiago, Concepción, Valparaíso, Antofagasta e Iquique.
Las sanciones por incumplimiento van desde 100 a 1.000 UTM, lo que representa un cambio significativo en la postura fiscalizadora de Subtel. Aunque el subsecretario reconoce que “esto es un trabajo super delicado, super complejo” que requerirá “varios años”, espera que “a partir de los primeros meses de 2026, ojalá el mismo enero ya deberían empezar a ejecutarse los planes con las zonas priorizadas”.
Protección de datos y seguridad digital: la Ley 21.719 comienza a regir
El 1 de diciembre de 2026 es la fecha crítica en la que entra en vigencia la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, modernizando radicalmente el marco legal de privacidad que data de la Ley 19.628 de 1999. Esta nueva normativa, publicada el 13 de diciembre de 2024, introduce cambios transformadores en cómo las empresas de telecomunicaciones y todos los sectores deben manejar información sensible de usuarios.
La ley crea la Agencia de Protección de Datos Personales, un organismo autónomo que tendrá atribuciones para fiscalizar, determinar infracciones, resolver reclamos de titulares de datos e incluso recurrir a sanciones de hasta 20.000 UTM (aproximadamente USD 1.39 millones). Esto representa una escalada significativa comparado con el régimen anterior, donde la responsabilidad se dividía entre tribunales ordinarios y el SERNAC.
Para las telecomunicaciones, esta ley tiene implicaciones directas ya que empresas como Telefónica Movistar, Entel, Claro y otros operadores están obligadas desde marzo de 2025 a implementar verificación biométrica (facial o dactilar) para transacciones de activación de SIM y compra de equipos, en cumplimiento de la Resolución Exenta N° 566 de Subtel. Esta medida busca reducir fraudes, pero ha generado debate académico sobre la compatibilidad con los nuevos derechos a la privacidad que establece la Ley 21.719.
La transición de diciembre de 2026 requiere que todas las empresas de telecomunicaciones hayan adoptado medidas de seguridad desde el diseño, implementado sistemas de reporte de vulneraciones, y asegurado que sus operaciones de datos biométricos cumplan con estándares de protección que la ley establece. Especialistas como Francisco Pino, abogado del despacho JGS, han advertido sobre “problemas normativos importantes” en la interacción entre la Resolución 566 (que obliga biometría) y la Ley 21.719 (que clasifica datos biométricos como sensibles con presunción de consentimiento no libre).
Ciberseguridad y tipificación de delitos digitales
Complementando el marco de protección de datos, la Ley 21.459 de Delitos Informáticos ya entró en vigencia en junio de 2024, derogando la Ley 19.223 de 1996 y adaptando Chile al Convenio de Budapest sobre ciberdelitos. La ley tipifica modernamente delitos como hacking, fraude digital, suplantación de identidad en plataformas digitales, falsificación de documentos electrónicos y acceso no autorizado a sistemas.
Para 2026, esta normativa amplifica la capacidad persecutoria del Estado contra estafas telefónicas —un problema creciente que fue evidenciado tras los incidentes de fraude con robo de datos durante COVID-19. La Ley 21.663 de Ciberseguridad, que entró en vigencia en 2024, también establece obligaciones para organismos del Estado e instituciones esenciales de implementar estándares mínimos de ciberseguridad y reportar incidentes a través de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y el CSIRT Nacional.
El 5G llega a las localidades obligatorias: WOM cumple compromisos
En septiembre de 2025, Subtel logró un acuerdo histórico con el operador WOM (que había incumplido compromisos previos tras insolvencia financiera) para completar el despliegue de redes 5G. El acuerdo especifica que WOM debe completar el 100% de localidades obligatorias para el 5 de marzo de 2026, luego el 90% del resto del proyecto técnico para el 30 de septiembre de 2026, y el 10% final para el 31 de diciembre de 2026.
Las implicaciones de este cronograma son significativas: hacia mediados de 2026, Chile llegará a una cobertura 5G mucho más equilibrada territorialmente, reduciendo la concentración de este servicio de última generación en zonas urbanas. Actualmente, Chile ya cuenta con 8.2 millones de usuarios 5G al segundo trimestre de 2025, un aumento de 3 millones respecto al año anterior. Para 2026, esta cifra podría aproximarse a 10-12 millones de usuarios.
Subtel estableció sanciones severas por incumplimiento: además de cobrar las garantías de 352.900 UF (unidades de fomento) comprometidas por WOM, el Estado puede iniciar procedimiento inmediato de caducidad de concesión y recuperación del espectro 5G asignado.
Resolución 737: nuevas reglas para dispositivos radioeléctricos
La Resolución Exenta N° 737 de Subtel, emitida en septiembre de 2025, introduce nuevas regulaciones para dispositivos radioeléctricos SRD (Short-Range Devices) que entrará en vigor el 22 de febrero de 2026. Esta normativa require que fabricantes e importadores cumplan con nuevas especificaciones técnicas, incluyendo declaraciones de conformidad, informes de ensayo, identificación clara del fabricante y documentación disponible públicamente mediante códigos QR.
El cambio es significativo para el ecosistema de IoT, Wi-Fi y comunicaciones de corto alcance en Chile, alineando la normativa nacional con estándares internacionales y facilitando la importación y comercialización de dispositivos con mayor seguridad y trazabilidad.
Neutralidad de red: el debate regulatorio no cierra
Aunque Chile fue pionero en 2010 al aprobar la primera ley de neutralidad de red del mundo, 2026 traerá continuidad en este tema pero con debates abiertos. Desde la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam) y ciertos actores del mercado se ha planteado tensión entre la protección de la neutralidad de red y los incentivos para inversión en infraestructura como fibra óptica.
Estudios internacionales sugieren una reducción del 22-25% en inversión en fibra tras regulaciones estrictas de neutralidad, pero análisis recientes del IIC Intermedia indican que países como Chile, Colombia y Perú no han visto inhibición total de inversión; más bien han requerido modelos alternativos como redes compartidas. Para 2026, se proyecta que las discusiones regulatorias profundizarán sobre cómo compatibilizar neutralidad de red con fondos públicos (FDT y Últiima Milla) que financian infraestructura.
Cambios tributarios para el sector telecomunicaciones
La propuesta de reforma tributaria presentada por el Ejecutivo en julio de 2025 incluye disposiciones que afectarán a las telecomunicaciones. Aunque enfrentó dificultades políticas en abril de 2025 (cuando fue puesta en “pausa”), el proyecto propone reducir la tasa de impuesto a la renta de primera categoría de 27% a 25% para empresas que reinviertan en productividad, entre otros ajustes.
Para telecomunicaciones, esto podría incentivar reinversión en infraestructura 5G, fibra óptica e innovación, aunque también incrementará la presión fiscal en empresas que no demuestren reinversión productiva. El timing de implementación dependerá del consenso político que se logre en 2026.
Regulación satelital: Chile consolida liderazgo pionero
En noviembre de 2025, Chile se convirtió en uno de los primeros países del mundo en modificar su marco regulatorio para permitir servicios satelitales Direct to Cell (D2D), a través de la reatribución de bandas de frecuencia en el Decreto Supremo N° 127 de 2006. Esto es especialmente relevante porque Starlink comenzará a desplegar este servicio en Chile con Entel, iniciando con SMS y expandiendo a voz e internet en dispositivos móviles sin necesidad de antenas adicionales.
Aunque formalmente no es un cambio de 2026, la decisión regulatoria de 2025 sentará precedentes para la normalización de servicios satelitales complementarios que operarán en 2026, expandiendo las opciones de conectividad en zonas remotas.
Síntesis: una encrucijada de transformación
El 2026 en Chile no será un año de rupturas radicales, sino de consolidación de cambios legislativos y políticos planificados hace años. Cuatro hitos convergerán:
Infraestructura completa: todas las comunas continentales con fibra óptica, estableciendo que la brecha digital urbano-rural habrá sido cerrada en el componente de acceso básico.
Protección de datos reforzada: con la Ley 21.719 en vigencia, el marco chileno de privacidad pasará a ser uno de los más robustos de América Latina, comparable al GDPR europeo.
Ciberseguridad institucionalizada: con leyes ya vigentes pero en fase de implementación plena, la capacidad persecutoria y preventiva del Estado contra delitos digitales habrá avanzado significativamente.
Competencia y servicio público rebalanceados: la Ley de Internet como Servicio Público comenzará a mostrar sus primeros impactos reales en obligaciones de operadores y definición de estándares de calidad.
Como señaló el subsecretario Claudio Araya, el desafío ahora es “asegurar que la conectividad rural deje de ser una excepción”. El 2026 será el año donde esa aspiración pasa de promesa a evidencia medible. Sin embargo, persisten preguntas abiertas: ¿lograrán las empresas cumplir con la Ley Chao Cables sin aumentar tarifas? ¿Se resolverán las tensiones entre protección de datos y biometría obligatoria? ¿La inversión en 5G se acelerará con la reforma tributaria? Las respuestas dependerán tanto de la consistencia regulatoria como del contexto político y económico que 2026 traiga consigo.